Quiero creer que fue por culpa de los resultados de la última encuesta CEP, que arrojó que los jueces junto al congreso tienen los niveles de aprobación ciudadana por los suelos, lo que motivó a los miembros de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago a emitir una resolución favorable a un grupo de apoderados que presentó un recurso contra los alumnos que mantenían en toma las dependencias liceanas del emblemático Instituto Nacional.
El dictamen de la corte ordenó en su primer punto “A. Que los estudiantes recurridos deberán abstenerse de organizar o llamar a votaciones sobre tomas y paralizaciones de las actividades escolares como así también que se materialicen las mismas".
Escucho a menudo decir a los juristas que los magistrados no están para enviar señales a la sociedad, sino para impartir justicia, por ende tampoco lo estarían para lecciones de educación cívica o democrática, más todavía si tal asignatura hace varios años que está fuera del currículo escolar rígido, no figura ni en los flexibles, no se menciona en los objetivos generales, menos los transversales y si algún despistado profesor de historia quiere incluirla como ACLE (Actividades Curriculares de Libre Elección), dudo si tendría alumnos y estaría abandonado a su suerte en la sala de clases sólo para hacer callar a las moscas.
Si uno quisiera impresionar de historiógrafo, no es necesario que sean liberados por Wikileaks las actas secretas del Pentágono o del otrora Edificio Diego Portales, cualquier paseíto por Google sería suficiente -a estas alturas el avance tecnológico debe haber llegado también al poder judicial- para júbilo de los amantes del derecho comparado podrían encontrar el Acta N° 1 de la Junta Militar de la mañana del 13 de septiembre de 1973 rotulada como secreto que hacía mención entre otras cosas, a una preocupada ordenanza castrense por los educandos: “Los estudiantes deberán dedicarse a sus estudios, eliminándose cualquier tipo de asociaciones o federaciones. No se aceptarán huelgas o paros y aquellos que sean detenidos por estas circunstancias, serán destinados a cuarteles de las FF.AA o Carabineros a efectuar un periodo de instrucción militar”, expresaba categóricamente Pinochet y sus secuaces.
No sé si alguna vez el poder judicial en Chile tuvo una buena aprobación ciudadana varios ministros, ni que decir abogados, cuyos títulos cuelgan orgullosos en las paredes de sus oficinas fueron firmados por supremos en pleno periodo dictatorial, esa época donde el discurso de lo justo brilló en ausencia más que en presencia porque “cuando hablan las armas las leyes callan”. Para la sabiduría popular, equivocada o no, la justicia ha sido y sigue siendo cosa de ricos.
El lunes pasado la Corte de Apelaciones, ante la encrucijada del derecho a elegir v/s el de la educación resolvió casi como bando militar, con esto de acercar el lenguaje jurídico a la gente y humanizar los fallos dirán algunos, sugirió, eso sí de manera imperativa, que los estudiantes del Instituto Nacional se abstuvieran de realizar votaciones para tomas y movilizaciones. Con lo anterior, estaría “haciendo ilusoria una garantía constitucional” como me aclaró un abogado a quien suelo enviarle mis consultas legales y que me responde, para mi fortuna, gratuitamente.
Los padres y apoderados que presentaron el recurso de protección ante la corte estudian con sus asesores legales presentar otro a favor de ellos mismos y sus hijos, temen que sean presas de bullying y les escriban en sus muros de Facebook “Crumiro”, vocablo con que en los años veinte en la Patagonia argentina y chilena se tildaba a los rompehuelgas.
Pero, como se dice que “hecha la ley hecha la trampa”, los adictos a las tomas, de colegios, no de copete, considerando que la prohibición es de llamar a votaciones publicas, con esto de las redes sociales no habría necesidad de publicitarlas a viva voz porque como el voto es secreto, el acto electoral bien puede ser clandestino o hasta on line si se quiere. Como siempre hay un tontón grande que los acompaña es de esperar que les informe que con tal interpretación pueden irse presos por desacato.
La clase sindical y política analiza con inquietud el ímpetu legalista de la corte y temen que de éste puedan aprovecharse los patrones para impedir las votaciones a huelga en los escuálidos sindicatos. Y ¿por qué no? la oposición estará al fin presente y cuestione la legitimidad de las futuras elecciones municipales, parlamentarias y presidenciales -a fin de cuentas qué sentido tendría hacerlas si igual las perderían- aunque esto ultimo habría que revisarlo porque se podría criticar que tal resolución judicial se inmiscuye en la política y eso sería anti republicano por no decir antediluviano.
Así las cosas, más que la actual desmotivación ciudadana por las elecciones, con el citado dictamen el acto cívico y formativo de caligrafía electoral para las nuevas generaciones, corre el riesgo de quedar relegado, como antes, a elegir presidente de curso a mano alzada o al mejor compañero auspiciado por el Club de Leones o Rotary Club.
Y con lo que me ha costado estos últimos 24 años aprender a colocar clarita la rayita en el voto.
El dictamen de la corte ordenó en su primer punto “A. Que los estudiantes recurridos deberán abstenerse de organizar o llamar a votaciones sobre tomas y paralizaciones de las actividades escolares como así también que se materialicen las mismas".
Escucho a menudo decir a los juristas que los magistrados no están para enviar señales a la sociedad, sino para impartir justicia, por ende tampoco lo estarían para lecciones de educación cívica o democrática, más todavía si tal asignatura hace varios años que está fuera del currículo escolar rígido, no figura ni en los flexibles, no se menciona en los objetivos generales, menos los transversales y si algún despistado profesor de historia quiere incluirla como ACLE (Actividades Curriculares de Libre Elección), dudo si tendría alumnos y estaría abandonado a su suerte en la sala de clases sólo para hacer callar a las moscas.
Si uno quisiera impresionar de historiógrafo, no es necesario que sean liberados por Wikileaks las actas secretas del Pentágono o del otrora Edificio Diego Portales, cualquier paseíto por Google sería suficiente -a estas alturas el avance tecnológico debe haber llegado también al poder judicial- para júbilo de los amantes del derecho comparado podrían encontrar el Acta N° 1 de la Junta Militar de la mañana del 13 de septiembre de 1973 rotulada como secreto que hacía mención entre otras cosas, a una preocupada ordenanza castrense por los educandos: “Los estudiantes deberán dedicarse a sus estudios, eliminándose cualquier tipo de asociaciones o federaciones. No se aceptarán huelgas o paros y aquellos que sean detenidos por estas circunstancias, serán destinados a cuarteles de las FF.AA o Carabineros a efectuar un periodo de instrucción militar”, expresaba categóricamente Pinochet y sus secuaces.
No sé si alguna vez el poder judicial en Chile tuvo una buena aprobación ciudadana varios ministros, ni que decir abogados, cuyos títulos cuelgan orgullosos en las paredes de sus oficinas fueron firmados por supremos en pleno periodo dictatorial, esa época donde el discurso de lo justo brilló en ausencia más que en presencia porque “cuando hablan las armas las leyes callan”. Para la sabiduría popular, equivocada o no, la justicia ha sido y sigue siendo cosa de ricos.
El lunes pasado la Corte de Apelaciones, ante la encrucijada del derecho a elegir v/s el de la educación resolvió casi como bando militar, con esto de acercar el lenguaje jurídico a la gente y humanizar los fallos dirán algunos, sugirió, eso sí de manera imperativa, que los estudiantes del Instituto Nacional se abstuvieran de realizar votaciones para tomas y movilizaciones. Con lo anterior, estaría “haciendo ilusoria una garantía constitucional” como me aclaró un abogado a quien suelo enviarle mis consultas legales y que me responde, para mi fortuna, gratuitamente.
Los padres y apoderados que presentaron el recurso de protección ante la corte estudian con sus asesores legales presentar otro a favor de ellos mismos y sus hijos, temen que sean presas de bullying y les escriban en sus muros de Facebook “Crumiro”, vocablo con que en los años veinte en la Patagonia argentina y chilena se tildaba a los rompehuelgas.
Pero, como se dice que “hecha la ley hecha la trampa”, los adictos a las tomas, de colegios, no de copete, considerando que la prohibición es de llamar a votaciones publicas, con esto de las redes sociales no habría necesidad de publicitarlas a viva voz porque como el voto es secreto, el acto electoral bien puede ser clandestino o hasta on line si se quiere. Como siempre hay un tontón grande que los acompaña es de esperar que les informe que con tal interpretación pueden irse presos por desacato.
La clase sindical y política analiza con inquietud el ímpetu legalista de la corte y temen que de éste puedan aprovecharse los patrones para impedir las votaciones a huelga en los escuálidos sindicatos. Y ¿por qué no? la oposición estará al fin presente y cuestione la legitimidad de las futuras elecciones municipales, parlamentarias y presidenciales -a fin de cuentas qué sentido tendría hacerlas si igual las perderían- aunque esto ultimo habría que revisarlo porque se podría criticar que tal resolución judicial se inmiscuye en la política y eso sería anti republicano por no decir antediluviano.
Así las cosas, más que la actual desmotivación ciudadana por las elecciones, con el citado dictamen el acto cívico y formativo de caligrafía electoral para las nuevas generaciones, corre el riesgo de quedar relegado, como antes, a elegir presidente de curso a mano alzada o al mejor compañero auspiciado por el Club de Leones o Rotary Club.
Y con lo que me ha costado estos últimos 24 años aprender a colocar clarita la rayita en el voto.
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